Reforma que blinda sindicatos de injerencia de funcionarios, pega a Cravioto que busca imponer líder del SUTGCDMX

Senado de la República busca sancionar injerencia sindical en organizaciones de trabajadores, incluso con destitución. El secretario de gobierno de la CDMX se opone a que Hugo Alonso Ortiz presida sindicato mayoritario e impulsa a alguno de grupo de César Piña

“Explora tus raíces. Uno, si no es necio ni ciego,
siempre termina por encontrar cosas importantes en ellos”.
Javier Sierra en la novela “El fuego invisible”

Por El Pordiosero

La aprobación en el Senado de la República de una iniciativa de ley para fortalecer la autonomía de los sindicatos de trabajadores contra la intromisión de funcionarios públicos, parece con dedicatoria a Cesar Cravioto, secretario de gobierno de la Ciudad de México, atareado en impedir a toda costa que Hugo Alfredo Alonso Ortiz sea presidente del SUTGCDMX.

La propuesta plantea reformas a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de sancionar, hasta con destitución e inhabilitación, la responsabilidad de injerencia sindical de funcionarios que incurran en esas prácticas incluso a través de terceros.

En los artículos 64 Quarter y 69 Bis que se buscan adicionar a las leyes de responsabilidades y de la burocrática, se establecerán 19 acciones con el objetivo de fortalecer la autonomía sindical de las organizaciones laborales en los tres niveles de gobierno, para lo cual considerará falta administrativa grave que pueda ser sancionada con la inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública e incluso con la destitución.

Entre las acciones que serán sancionadas en caso que la iniciativa de ley sea aprobada por la Cámara de Diputados, se encuentran: ejercer presión o intimidación jerárquica contra trabajadores subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a una candidatura sindical, o que ofrezcan beneficios laborales, ascensos, estímulos y promociones con ese mismo objetivo.

Serán también sancionadas: coaccionar, inducir o amenazar a trabajadores; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados; obligar o condicionar la asistencia a actos, mitines o reuniones sindicales; negar y suspender o limitar derechos o programas internos, entre otros.

El artículo 133 fracción V de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones -el Gobierno de la CDMX tiene ese carácter frente a sus trabajadores- “intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato”. También en Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el artículo 3 punto 2 prescribe que las autoridades públicas “deben abstenerse de toda intromisión” que limite el derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes sindicales. Sin embargo, ni la Ley Federal del Trabajo ni el convenio de la OIT, establecen sanciones a los patrones -es el caso del secretario de gobierno de la CDMX- que se entrometan en la vida interna de los sindicatos.

Con la aprobación de sanciones a los funcionarios por su intromisión en los asuntos de los sindicatos, se fortalece la autonomía de las organizaciones de los trabajadores gubernamentales.

En el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), tras que en una asamblea extraordinaria -convocada con la firma de 81 mil 600 afiliados-, el sábado 18 de octubre Hugo Alfredo Alonso Ortiz fue electo presidente, Cravioto en conferencia de prensa afirmó que ese evento no había sido legal.

Frente a la jefa de gobierno, Clara Brugada, el secretario de gobierno aseguró que la convocatoria a la asamblea en la que fue electo Alonso Ortiz “no tiene validez legal”. Asumió facultades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Poder Judicial.

Según Cravioto, la convocatoria a elecciones solo podría ser validada por el tribunal de conciliación arbitraje o que hubiese sido publicada por el presidente saliente del SUTGCDMX.

El secretario de gobierno de la CDMX además de mostrar su intromisión en asuntos sindicales, exhibió su ignorancia en materia laboral, debido a que esa convocatoria se realizó en términos del artículo 371 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria a la ley burocrática-, una vez que previamente el presidente sindical saliente hizo caso omiso de la petición que un 33 por ciento de los trabajadores afiliados la solicitaron que convocara a elecciones.

Alonso Ortiz tramitó la toma de nota -reconocimiento gubernamental, a su elección como presidente del SUTGCDMX, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje-. Presentó en cajas los votos tanto de la elección de la mesa de debates, como del comité ejecutivo general del SUTGCDMX.

El presidente de la mesa de debates y los 10 escrutadores –Miguel Ángel Estrada Manzo, Verónica Moreno Hernández, Francisco Javier Gaytán, Magdalena Melgoza Meza, Alberto Gervasio Zamora, Héctor Castelán Moreno, Perla Vázquez Rodríguez, Alejandro Marín, Benigno Martínez Escalante, Daniel Bautista Quintana y Jesús Figueroa Anaya, obtuvieron un total de 63 mil votos.

El presidente y los integrantes del comité ejecutivo general sindical, fueron electos con 63 mil 870 votos, además de mil 945 en contra y 932 nulos.

Oportunismo de García Ayala

Pese a que la asamblea extraordinaria convocada por los trabajadores se ajustó a la legalidad y al voto personal, libre, secreto y directo que obliga el artículo 69 de la ley burocrática, el dirigente de la central FSTSE, Marco Antonio García Ayala no se ha pronunciado porque se respete la autonomía en el SUTGCDMX.

Marco Antonio García Ayala

En una actitud de oportunismo político, de palabra dio la bienvenida a la reforma aprobada por el Senado de la República que fortalece la autonomía sindical, pero cuidándose de no hacer referencia a la intromisión de Cravioto en decisiones exclusivas de los trabajadores.

García Ayala ni siquiera ha manifestado voluntad de demandar al presidente del TFCyA, Cristóbal Arias Solís, que ajuste estrictamente sus resoluciones al marco jurídico, porque no hacerlo implica vulnerar la autonomía sindical.

Cristóbal Arias Solís

Ni siquiera ha tenido el coraje para ordenar a los cuatro magistrados que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) tiene en el pleno del TFCyA, que voten en contra de una posible resolución negativa de la toma de nota de la elección de Alonso Ortiz como presidente del SUTGCDMX.

Arias Solís debe tener presente que justicia retardada es justicia denegada, al tener en la congeladora la petición de reconocimiento de los acuerdos adoptados por los trabajadores en la asamblea extraordinaria del 18 de octubre. Seguramente busca no incomodar al secretario de gobierno de la CDMX, así pisotee la legalidad.

En el SUTGCDMX, desde 2020 los secretarios generales seccionales están agrupados en dos grupos: el “azul” que encabeza Alonso Ortiz con 15, y el “rojo” que dirige César Piña Rodríguez con 25.

Las secciones del grupo “azul” afilian a casi 60 mil de los 95 mil trabajadores de base del Gobierno de la CDMX, mientras las del “rojo” cuentan con cerca de 35 mil.

La pretensión de Cravioto es que el presidente sindical sea del grupo “rojo”, en una decisión que es de los trabajadores. Por ello, la reforma para fortalecer la autonomía sindical, fue aprobada por el Senado de la República, justo en el momento en el que el secretario de gobierno de la capital del país se entromete en asuntos que no son de su competencia.

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