Presidente del tribunal de conciliación y arbitraje viola ley entrometiéndose en vida de los sindicatos

No se puede obligar a nadie a ser lo que no es.
Hervé Le Tellier en la novela “La anomalía”

 

Por El Pordiosero

 

La naciente gestión de Cristóbal Arias Solís al frente del tribunal federal de conciliación y arbitraje, incurrió en una flagrante violación legal. En un informe entregado a Aarón Ortega Villa, quien antiestatutariamente se ostenta como presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), señaló que el secretario general de la sección 16 “Archivo y Correspondencia”, Adrián Arroyo Falcón, es vigente “por extensión de periodo”.

 

El magistrado presidente del organismo encargado del registro de los sindicatos del apartado B constitucional, exhibió que ni siquiera pidió asesoría sobre lo que establecen los estatutos sindicales.

 

Quizá desconozca que los estatutos son la ley suprema de los sindicatos, a condición que no contravengan disposiciones legales.

En el caso del SUTGCDMX, sus estatutos no contemplan la figura de “extensión de periodo”, por lo que en el supuesto que a Arroyo Falcón se le haya reconocido su gestión, la misma está viciada de pleno derecho.

 

El TFCyA tiene prohibido entrometerse en la vida interna de los sindicatos, en términos de lo que establece el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en el artículo 3 punto 2, prescribe: “Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho (la libertad sindical) o a impedir su ejercicio legal”.

Más aún, ese mismo artículo en el punto 1, garantiza: “Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción”.

 

Ese convenio fue firmado por el gobierno mexicano y ratificado por el Senado de la Redpública -en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el 16 de octubre de 1950-, por lo que de acuerdo con nuestra Constitución Política, forma parte del marco jurídico del país y por tanto es obligatorio su cumplimiento.

 

El TFCyA es una institución pública que depende administrativamente de la Secretaría de Gobernación.

 

Al no contemplar los estatutos del SUTGCDMX la figura de “extensión de periodo” de la gestión sindical, la misma es nula de pleno derecho. Ni siquiera el Poder Judicial de la Federación tiene facultades para intervenir en la vida interna de los sindicatos, por lo que en el supuesto que el reconocimiento de Arroyo Falcón como secretario general seccional, no se puede legalmente ir más allá de la fecha en que concluya el periodo sindical.

 

El magistrado presidente del TFCyA, al dirigirse a Ortega Villa como “presidente” del SUTGCDMX, muestra su desconocimiento del derecho laboral.

Y es que la gestión sindical de Ortega Villa concluyó, estatutariamente el 31 de julio, tal y como lo establecen los artículos 26 y 34 fracción I de los estatutos.

 

Al firmar como presidente sindical después de esa fecha, Ortega Villa pudiera incurrir en el delito de usurpación de funciones, aún cuando la toma de nota que le entregó el tribunal de conciliación, señale que su gestión concluye hasta el 21 de septiembre.

 

Sobre las tomas de nota del tribunal, predominan los estatutos, al ser ley suprema de los sindicatos.

 

Ortega Villa y el grupo “rojo”, integrado por 25 secretarios generales seccionales del SUTGCDMX, buscan mecanismos incluso legaloides para desacreditar la consulta democrática realizada por Hugo Alfredo Alonso Ortiz, en la que más del 90 por ciento de los trabajadores se pronunciaron porque la elección de dirigentes sindicales se realice a través del voto personal, libre, secreto y directo, como lo ordena la ley burocrática en su artículo 69 y 34 de los estatutos sindicales.

 

El resultado de esa consulta democrática es síntoma inequívoco que los trabajadores ya no aceptan dirigentes sin representatividad. ¿Cuál es el temor de Ortega Villa y Piña Rodríguez de someterse al tamiz de las urnas?¿Que se les exijan cuentas de las multimillonarias cuotas sindicales que han manejado durante años?

 

Junto con el resultado de esa consulta democrática, las masivas concentraciones en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, llamadas por Alonso Ortiz, han avivado el temor por el músculo de convocatoria del secretario general de la sección 1 “Limpia y Transportes”.

 

En esas concentraciones, la demanda se centró en elecciones democráticas de dirigentes del sindicato mayoritario del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante cuatro años, Ortega Villa violó cuantas veces quiso los estatutos sindicales. Sólo a manera de ejemplo: cada año debió rendir cuenta del manejo de las cuotas de unos 95 mil trabajadores. Nunca cumplió con esa obligación, por lo que está desesperado por evitar ser perseguido por malos manejos económicos.

 

Al inicio de su gestión, el presidente de la central burocrática FSTSE, Joel Ayala Almeida (qepd), le entregó 99 millones de pesos de remanente de las cuotas sindicales de año y medio que un directorio sindical manejó ese sindicato.

 

Tampoco César Piña Rodríguez, secretario general de la sección 4 “Contraloría, Administración y Almacenes para los Trabajadores” y dirigente del grupo “rojo”, es respetuoso de los estatutos y de la legalidad. En su última reelección -en octubre del año pasado-, incurrió en violaciones graves que obligaron a Marisol Escamilla a emprender un juicio de nulidad.

 

El tribunal de conciliación, pese a estar obligado a revisar la aplicación estricta del procedimiento electoral que establecen los estatutos sindicales, le otorgó la toma de nota

-reconocimiento gubernamental-.

 

Entre tras irregularidades en la elección de dirigentes de esa seccional, Piña Rodríguez no publicitó la convocatoria, además de haber firmado la misma, con lo que se convirtió en juez y parte.

 

Los consejeros más influyentes de Piña Rodríguez, son Juan Ayala Rivero y Sergio Antonio López Montecino, a los que se ha sumado José Carlos Acosta, director general de desarrollo de personal y desarrollo administrativo del gobierno de la CDMX.

 

 

 

Agenda

 

Desde 2010, Juan Carlos Torres García, es secretario general de la desapercibida Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), tras el fallecimiento de Enrique Aguilar Borrego. Apenas en julio, fue reelecto para una nueva gestión, la cual atenderá, como lo ha hecho durante 15 años, desde Monterrey, donde se ubica la sede del sindicato de Banorte, del que es secretario general. En ese tiempo, sindicatos como los de Banobras, FIRA (Fideicomisos Instituidos Relacionados con la Agricultura), Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), optaron por crear una nueva federación, la Fenabad, es decir, de la banca de desarrollo, por lo que Fenasib solo conserva a Bansefi y Sociedad Hipotecaria Nacional.